«Con tanta gente personada en el caso, se tendrá que celebrar el juicio en el Camp Nou». Este es uno de los chistes sobre el caso Negreira que han corrido a más velocidad por Whatsapps a raíz de la acumulación de supuestas víctimas que habría generado una hipotética compra de árbitros por parte del Barça a través de José Maria Enríquez Negreira, vicepresidente durante años del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y sus sociedades. De hecho, es una buena descripción de lo que significa un caso que tiene todos los números, si la habilidad procesal de los abogados no lo evita, de acabar como una macrocausa en la Audiencia Nacional, dentro de la carpeta del caso Soule, donde está implicado el hijo de Enríquez Negreira y ahora, Ángel Maria Villar, expresidente de la Federación Española de Fútbol.
El caso tiene todos los elementos indispensables de una trama intensa y atractiva. Fútbol de primer nivel, un club de prestigio, los árbitros y un procedimiento, un poco burdo, de ennegrecer dinero para cobrarlo en efectivo. Pero también se insinúa una especie de
A propósito de esto, y después de la querella presentada por la Fiscalía el pasado 10 de marzo, la instrucción ha ido a parar, de momento, al juzgado de instrucción número 1 de Barcelona. Pero, en este caso, no lo llevará su titular, Joaquín Aguirre, el famoso instructor del caso Macedonia o de la Operación Volhov –que implicaba el Procés con el Kremlin de Vladimir Putin–, sino la jueza de refuerzo, Sílvia López Mejía, –pareja sentimental de un ex dirigente de Unió Democràtica–, nombrada por Carlos Lesmes, expresidente del Consejo General del Poder Judicial, justo antes de dimitir del cargo. Esta magistrada condenó Oriol Pujol por el caso ITV, instruyó el caso de Laura Borràs y archivó el todavía inexplicable asedio policial a la sede de la CUP.
Dos querellas en una causa con la lentitud de Hacienda
Uno de los hechos que hay que tener presente en este caso es que la otra querella que actualmente está en manos del juzgado 1 la firma Xavier Estrada, ex árbitro de primera catalán que ahora trabaja en el sistema de Video Assistant Referee (VAR). Estrada, según el auto judicial, denuncia los hechos porque los ha conocido a través de los medios de comunicación. Pero, según la jueza, estarían «indiciàriament corroborados» por la investigación que la Fiscalía de Barcelona llevaba a cabo dentro de las diligencias 194/2022, abiertas por una denuncia de la Agencia Tributaria. La misma instructora admite que «no existe plena coincidencia entre las personas investigadas» pero sí en los hechos de las conductas denunciadas, como por ejemplo el de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, falsedad en documento mercantil o administración desleal.
De aquí que la jueza haya aceptado la fusión de las dos querellas y las personaciones. Al final, la denuncia de Fiscalía detallaba las pesquisas de los técnicos de Hacienda a través de una inspección del impuesto sobre sociedades del Barça. En este sentido, señalaba unos pagos a las sociedades del vicepresidente del CTA, Dasnil 95 y Nilsad, SCP, sin ninguna contraprestación de servicio justificada o servicios de asesoramiento técnico real. Unos pagos tan injustificados que las facturas perdieron su valor contable y fueron retiradas de la base imponible del IVA y del impuesto sobre sociedades.
La carencia de validez de las facturas de Negreira ya le han costado al Barça dos actas en conformidad con Hacienda. Una, sobre el impuesto de sociedades, que subía a 404.249,52 euros, más 52.324,74 de intereses de demora. Y una segunda, el acta 82594946 sobre el IVA, que supuso una cuota de 473.050,11 euros, más 84.991,54 euros de demora. Dos propuestas de liquidación del 21 de julio del 2021, que Hacienda tardó meses en denunciar a la Fiscalía.
La teoría incriminatoria
La tesis de la instructora, de la Fiscalía y de Estrada es que Negreira, en calidad de vicepresidente del CTA, cobraba a cambio de prometer, supuestamente, que favorecería el Barça con la elección de árbitros y que influiría en sus actuaciones. Uno de los clientes principales de la empresa de Negreira era el Barça, que mantuvo pagos entre 2001 y mayo de 2018, casualmente la fecha en que este famoso árbitro dejó la vicepresidencia del comité. En resumidas cuentas, la tesis acusatoria calcula que el Barça habría pagado a Negreira más de 7,3 millones de euros.
Una cifra calculada a partir de las declaraciones del Modelo 347 de la Agencia Tributaria. «Una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la Asamblea General, de forma que no tenía título que la justificara», asegura el fiscal especializado en corrupción. Al final, la Fiscalía entiende que estas percepciones no tuvieron apoyo legal ni estatutario. Una teoría que, de momento, ha convencido a la jueza instructora.
La respuesta del Barça
La respuesta del Barça ha sido negar estas acusaciones y contratar uno de los grandes penalistas de Barcelona, Cristóbal Martell. Por otro lado, internamente el club ha fichado otro gran especialista en Compliance, el abogado Andreu Van den Eynde, que precisamente empezó a ejercer en actividades de control interno y preventivo de las sociedades mercantiles hace más de doce años, junto con Sergi Atienza, el jefe de Compliance del Club, y otro de los penalistas especializados en la auditoría penal de las sociedades y entidades sociales y mercantiles.
En todo caso, el Barça niega que haya comprado árbitros o haya intentado beneficiarse de cambios o nombramientos, a pesar de que Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, querellados en la causa, confiesan en privado que Negreira les hacía «chantaje». Pero, de momento, no hay respuesta juridico-técnica a la espera de tener acceso a las acusaciones concretas y a la prueba documental aportada a la causa.
Y la Audiencia Nacional?
Pero este caso tiene un enlace con la Audiencia Nacional. Será casualidad o no, pero el mismo martes de esta semana, cuando la Fiscalía Anticorrupción asumía la investigación, la sala de la Audiencia Nacional emitía una resolución en que redirigía un caso similar donde está implicado el hijo de Negreira, el caso Soule, que también coordina la Fiscalía Anticorrupción. Los magistrados ordenaban al instructor del juzgado central 1, Alejandro Abascal, que investiga las irregularidades en la anterior Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que declarara imputados al expresidente Ángel María Villar, al expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Victoriano Sánchez Arminio y al exsecretario general Raúl Massó, por un presunto desvío de fondo de casi ocho millones de euros.
En concreto, 7.999.013,18 euros que no saben dónde habrían ido a parar y que procedían de la recaudación de las quinielas. Un importe que la Liga aportó a la RFEF para abonar los costes de los derechos de arbitraje de las diferentes competiciones. La tesis de la Fiscalía es que se destinó este dinero a “otro tipo de gastos, diferentes de los previstos en los convenios”. Unos pagos que habrían dirigido el expresidente y el exsecretario técnico del comité de árbitros. Precisamente, en esta causa, el juez abrió una pieza para indagar los pagos, también indiciàriament irregulares, por parte de la RFEF al hijo de Enríquez Negreira durante la etapa de Villar como presidente. De hecho, esta causa apunta una relación directa con el caso Negreira que esbozaría un sistema de posibles pagos irregulares, una tasa encubierta, que recibiría Villar. El embrollo del caso apenas empieza a deshacerse y varias pistas apuntan que todo podría ser una trama entre dirigentes históricos del CTA y la RFEF.
