Después de que la Fiscalía Anticorrupción haya asumido la causa Negreira, se abre la vía porque la Audiencia Nacional controle la causa en un futuro próximo. Esto sería a través del caso Soule, del cual acaba de haber novedades. Esta mañana, la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez instructor del caso Soule, que investiga las irregularidades en la anterior Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que tome declaración en calidad de investigados al expresidente Ángel María Villar y a quienes fueron presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Victoriano Sánchez Arminio y secretario general Raúl Massó por el presunto desvío de fondos de casi ocho millones de euros.
La operación Soule es una presunta trama de corrupción al fútbol en la cual está implicado Javier Enríquez, hijo del exvicepresidente del CTA José María Enríquez Negreira. El padre era propietario de la empresa DASNIL 95 y el hijo era el administrador. Esta empresa es la que recibió los pagos de casi siete millones de euros del Fútbol Club Barcelona, los cuales están siendo investigados en el caso Negreira. En cuanto a Soule, se investiga a Javier Enríquez y a otros dirigentes de la RFEF por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa, malversación de fondos públicos, falsedad documental, corrupción entre particulares y delitos fiscales. En el caso Soule, la RFEF también habría hecho pagos sospechosos a la familia de Enríquez Negreira.
Villar, Sánchez Arminio y Massó, imputados por el caso Soule
Según la interlocutoria, a la cual ha tenido acceso Món Esport, los magistrados de la Sección Segunda estiman parcialmente el recurso interpuesto por LaLiga que recorrió la interlocutoria del juez instructor Alejandro Abascal en que acordaba prorrogar tres meses la investigación y rechazó la solicitud de citarlos como investigados, entre otras razones, porque ya habían declarado testigos. En la resolución también se desestima que RFEF sea imputada, de momento, a la vista de como evolucionen las declaraciones de los nuevos investigados.
LaLiga denunciaba que de las diligencias hasta ahora practicadas se puede interpretar la existencia de un nutrido volumen de pagos manifiestamente ajenos a las finalidades convencionales que la Liga Nacional de Fútbol Profesional aportaba a la Federación. Unos fondos que provenían del documento «acuerdo arbitral en lo referente a la aplicación del posible remanente generado a consecuencia de los fondos transmitidos por la LNFP a la RFEF». Por cierto, un documento que según los denunciantes habría sido pactado por “personas sin ninguna atribución ni ninguna competencia para ellos”.
Una actuación que se hizo, dice LaLiga, a las espaldas, de forma que los que eran, a la fecha de los hechos, presidente y secretario del CTA prestaron su conformidad y ordenaron el pago de una serie de facturas, con fondos de la LNFP, de «gastos completamente ajenos al fútbol profesional, alterando así el destino de los fondos librados por la LNFP a la RFEF, cuando estos eran subordinados del presidente de esta última, quien se benefició ilícitamente de estos fondos, por lo cual se interesa que se declare la condición de responsable civil subsidiaria de la RFEF».
