De nuevo, una jueza se eleva al escaparate mediático en Cataluña, todo a raíz del caso Negreira. Se trata de una magistrada ya conocida por haber instruido varias causas mediáticas y políticas, entre otros, la de Laura Borràs. Es Sílvia López Mejía, titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona y ahora en misión de refuerzo en el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, del cual es titular otro de los magistrados habituales en causas mediáticas, Joaquín Aguirre, encargado, entre otros, de la macrocausa Volhov y del caso Macedonia que, 13 años después de haberse abierto, ha acabado con sonoras absoluciones.
¿Quién es Sílvia López Mejía?
López Mejía, nacida el cinco de febrero de 1965, es una magistrada veterana. Superó las oposiciones en 1989 y en febrero de 1991 recogió su primer despacho de juez, en concreto, en Benidorm, en el País Valencià, y después en Parla, en Madrid. También en un mes de febrero, pero de 1994, fue ascendida a magistrada y fue destinada a Badalona.
Poco tiempo después, el Consejo General del Poder Judicial le dio la titularidad en el juzgado de instrucción 9 de Barcelona. Un estrado desde la que ha instruido causas complejas y mediáticas, como el caso Pallerols de UDC, el caso ITV, con la derivada hacia Oriol Pujol, el caso de Laura Borràs o el asedio policial a la sede de la CUP el 20-S del 2017. También instruyó la primera querella de una pareja homosexual por revelación de secretos en 2009 y dirigió la instrucción del caso Yogui sobre las obras del AVE.
Justo antes de dimitir, el entonces presidente del CGPJ Carlos Lesmes la denominó jueza de refuerzo para Aguirre. Una decisión que casualmente le ha llevado otro caso mediático, el de los pagos del Barça a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.
Encontronazo con los Mossos conduciendo bebida y preferencia por la Guardia Civil
Pero no son solo las causas judiciales con implicaciones políticas el que lo han llevado a la esfera mediática. Un encontronazo con los Mossos d’Esquadra de tráfico en una prueba de alcoholemia le costó una multa de 150 euros, por haber intentado hacer valer su cargo en un control que delató que conducía bebida.
Esta magistrada ha dado la investigación del caso Negreira a la Guardia Civil como policía judicial. La misma decisión que tomó en medio de la instrucción de la primera fase del caso Laura Borràs por los contratos supuestamente fraccionados al informático Isaías Herrero, cuando era presidenta de la Institución de las Letras Catalanas. Un juicio que quedó visto para sentencia al TSJC a principios de marzo. La rumorología judicial avisa que la jueza no las tenía todas con los Mossos d’Esquadra, y más después de la topada que sufrió en 2008, publicada por el diario
Según el relato de los hechos, los Mossos la multaron porque fue interceptada conduciendo con 0,48 gramos de alcoholemia cuando el máximo permitido era el 0,3. A las tres y media de la madrugada, a la C-16. La jueza increpó los agentes que lo habían parado y pidió que la dejaran marchar alegando que era jueza. Incluso, y siempre atendida la nota informativa interna de la policía que recogía el diario, los pidió saltarse el procedimiento como ella hacía muchas veces al juzgado. Los Mossos la denunciaron, y pocos meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la multó con 150 euros.
El asedio policial a la CUP, archivado
Posiblemente, ha sido una de las instrucciones más complicadas que ha sufrido esta magistrada. El 20 de septiembre del 2017, en plena razia del juzgado de instrucción 13 de Barcelona contra el independentismo, una muchedumbre de furgonetas de las Unidades de Intervención Policial del Cuerpo Nacional de Policía y decenas de miembros de la brigada de información asediaron la sede de la CUP, en la calle Caspe de Barcelona. Los centenares de policías esperaron durante 14 horas una orden judicial de entrada y cacheo que no llegó. La CUP, con la dirección de letrada de Benet Salellas, no pasó por alto el que podría ser un delito de coacciones.
La denuncia de la CUP fue a parar al enjuiciado número 9 y acabó con un sobreseimiento firmado por la magistrada López Mejía que la sección décima de la Audiencia de Barcelona tumbó. En la resolución, los magistrados avisaban que había que continuar la investigación, porque la policía podría haber utilizado “la vía compulsiva o intimidación, puesto que entre las 14 horas y las 20 horas impidieron la salida de militantes (así como la entrada a otros que querían acceder en la sede), concurriendo igualmente la intención dolosa consistente en el deseo de restringir la libertad ajena”. El caso se retomó al juzgado de instrucción número 9, pero finalmente acabó archivado una otra vez, después de muy pocas diligencias más. En sus declaraciones difundidas por El Mundo, los policías admitían que nunca tuvieron una orden judicial.
Caso Pallerols de UDC
La magistrada saltó a la fama con la instrucción del caso Pallerols, el gran caso de corrupción por financiación irregular, de Unión Democrática de Cataluña. Una formación histórica que ha pasado a mejor vida, pero que ha dejado nombres en la actual vida política, social y económica del país, como por ejemplo el diputado Ramon Espadaler, asociado al PSC con la marca Unidos para Avanzar, o Josep Sánchez Llibre, actual presidente de la patronal Fomento del Trabajo. Precisamente, Sánchez Llibre estuvo imputado en esta causa. Este sumario estalló a raíz del hecho que el empresario andorrano Fidel Pallerols cobraba subvenciones para hacer cursos de formación a cambio de dar un 10% de estos ingresos al partido. Históricamente, UDC tenía siempre la consellería de Trabajo, que otorgaba estos fondos públicos para la formación de parados.
López Mejía archivó la causa el 2005, cuando vio que había dos diputados en el Congreso que estaban envueltos y el Tribunal Supremo hacía el sordo. Pero la Audiencia de Barcelona decidió reabrir el caso, hasta que el 21 de enero del 2013 se dictó una sentencia de conformidad pactando penas por debajo de los dos años de prisión y el pago de 200.000 euros de Unión. El Tribunal Supremo ratificó otra condena de un año y medio de prisión a Pallerols precisamente por fraude a la hacienda pública a raíz de este caso, sin estimar que el caso ya había sido juzgado por la Audiencia de Barcelona.
Oriol Pujol, Yogui, Laura Borràs…
Por sus manos han pasado varias instrucciones relacionadas con la corrupción o la prevaricación. Uno de los casos más sonoros fue la instrucción del caso ITV, la derivada catalana del caso Campeón, que salpicó a Oriol Pujol Ferrusola, justo después de ser escogido secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya en el congreso de la formación celebrado a Reus el 2012. Aquella instrucción acabó con su carrera política, después de firmar una conformidad con la Fiscalía para evitar que su mujer entrara en la prisión.
Una de las otras instrucciones famosas fue la del caso Laura Borràs, a raíz del presunto fraccionamiento de contratos cuando era presidenta de la Institución de las Letras Catalanas. A media instrucción, y después del primer cacheo en el Centro de las Tecnologías de las Telecomunicaciones e información (CTTI), cambió de policía judicial, de los Mossos d’Esquadra a la Guardia Civil. Precisamente, la cadena de custodia de la prueba recogida durante la instrucción ha sido uno de los principales debates en el juicio al TSJC.
Otro de los casos más llamativos que ha instruido la magistrada fue la Operación Yogui, sobre los sobornos de las constructoras a funcionarios a las obras de construcción del AVE en Barcelona. Después de una larguísima instrucción llevó al banquillo de los acusados quince imputados por prevaricación, malversación, tráfico de influencias, falsedad y sobornos.
Tortura e interinos
Pero más allá de estos casos más políticos, la jueza López Mejía también fue la primera en admitir una querella, en 2009, de una pareja homosexual contra la empresa donde trabajaban por injurias, homofobia y revelación de secretos. Y estampó su firma, en un manifiesto del año 2012, contra la petición de un indulto a cuatro policías condenados por torturas. Un manifiesto impulsado por Jueces por la Democracia que levantó polvareda por la reivindicación que hacían los jueces de su papel de garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos. Últimamente, también saltó a la palestra para admitir a trámite una querella de la Asociación Plataforma de Interinos de Cataluña contra las convocatorias de oposiciones de reducción de la temporalidad.
