Tras la polémica por la agresión policial a un aficionado del Futbol Club Barcelona antes del partido de Liga contra el Elx, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció este martes un «posible uso desproporcionado de la fuerza» por parte de los agentes policiales el pasado domingo. Marlaska anunció que la policía española ya ha abierto un expediente interno para estudiar el caso y que el mismo Ministerio es «el más interesado en la pulcritud» de las actuaciones y que estas sean «proporcionales y legales«. Además, dejó claro que «cualquier actuación que se desvíe, aunque sea mínimamente de sus obligaciones, tiene una respuesta inmediata, como corresponde en un estado de derecho».
El ministro del Interior ha reconocido un «posible uso desproporcionado de la fuerza» por parte de la Policía Nacional
De la misma manera, el ministro del Interior se ha mostrado dispuesto a comparecer en el Congreso, tal como reclamaron grupos políticos como Esquerra Republicana, Junts o la CUP, «tantas veces que se me solicite y se acuerde». Estas palabras llegan después de que la consejera de Territorio y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, condenara el uso de la “violencia” por parte de agentes de la Policía Nacional durante la detención con violencia que vivió un aficionado del Barça antes del duelo contra el Elx. Además, también ha asegurado que los policías españoles actuaron por su cuenta en el Estadio Martínez Valero a la hora de requisar las esteladas.
🚨🚔 Salen a la luz nuevas imágenes de la brutal carga policial contra el aficionado del Barça
— Diario SPORT (@sport) August 24, 2026
✍️ @xaviespinosaa
🔗https://t.co/4MqLoKyPo2 pic.twitter.com/2m9QEN0Dlu
Aparte de esta investigación que la Policía Nacional ya ha iniciado sobre el polémico incidente, el caso ya está en los juzgados y se ha puesto en conocimiento de la justicia a raíz de la denuncia de Accio Cassandra ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Elx por un «uso desproporcionado de la fuerza«, pidiendo así que se investiguen los hechos como posibles delitos de lesiones, contra la integridad moral y contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas.
