Hace demasiado tiempo que el lawfare se ha instalado en el fútbol, donde el VAR continúa ejerciendo como apariencia de democracia, igual que la Transición en el régimen del 78. Siempre sale el 36 para reinstaurar un régimen dictatorial, con la complicidad mediática a sueldo, ya sea en los tribunales, en las calles o en los terrenos de juego.
Los tres goles anulados en Anoeta -uno de ellos, por un milímetro del talón de Lamine, justo lo contrario que el pie gigantesco de Lewandowski la temporada anterior-, el gol invalidado a Cubarsí en la Copa después de ocho minutos de reflexión o el pisotón a Koundé antes del 2-1 del Girona, evidencian la endémica corrupción madridista, cómodamente legitimada por la mentira Negreira. En tres años no se han encontrado pruebas ni testimonios que vinculen los pagos de los informes con la alteración de resultados: muchas condenas morales, cero respeto a la presunción de inocencia y ninguna sentencia firme.
El Barça es el equipo que acumula más errores en contra en 24 jornadas de Liga (10) y el Madrid lidera el ranking de penales a favor (13). En los ocho años de la revolucionaria técnica arbitral, el equipo del Estado ha disfrutado de 89 penas máximas y le han señalado 32 en contra, frente al balance azulgrana (41-39). Se da la “casualidad” de que Soto Grado invalidó un gol en Vallecas por un pisotón similar de Kounde. Con él, seis triunfos del Barça en diecisiete partidos. Curiosamente, estas decisiones se producen después de una queja formal y en medio del interinato de Rafa Yuste. Vasos comunicantes: baja la excelencia del juego, se difumina el liderazgo institucional y llega el castigo. Si no lloras, no mamas.
Tantos errores se convierten en premeditación cuando se juntan las piezas: el árbitro del VAR de Montilivi, Gálvez Rascón, tuvo como responsable directo a la Federación madrileña Yolanda Parga, directora del CTA femenino y esposa del excolegiado Megía Dávila, delegado del Real Madrid. El club del señorío, experto en campañas difamatorias a través de su televisión, estuvo a punto de no presentarse en la última final de Copa y forzó la renovación de la cúpula arbitral, ahora en manos de un Fran Soto que ha advertido a los encargados de repartir justicia que recibirán peor puntuación si interviene el VAR cuando no debería hacerlo.
En su primera entrevista como presidente de la RFEF, Louzán admitió que Florentino le había dicho que los estaban perjudicando y que tenían que resolverlo. Recientemente, el también exárbitro Urizar Azpitarte confesaba haber compaginado el silbato con poseer acciones de ocho clubes españoles -sin decir nombres-, un escándalo que habría provocado dimisiones en un país normal.
Ahora bien, cualquier resolución dictada con conciencia de ilegalidad se reviste de confianza cuando el afectado se tira piedras a su propio tejado: el equipo de Flick junta inconsistencia atrás -aún no ha cicatrizado la ausencia de Iñigo-, e ineficacia ofensiva. Cuando el alemán sustituyó a Marc Casadó en el Metropolitano, se señaló a sí mismo por su planteamiento erróneo: incapaz de encontrar la tecla del cambio, persiste implacablemente en la línea defensiva adelantada, con una terquedad que comienza a recordar la del peor Van Gaal. El respeto que se debe exigir al colectivo arbitral debe combinarse con la exigencia dentro del vestuario, trabajando aquello que depende solo de uno mismo.
