El presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, acudió este lunes al juzgado de Barcelona para declarar por la supuesta estafa de 2,4 millones de euros a una familia que invirtió en una filial de una empresa que Laporta administraba en el año 2014. Laporta ha negado cualquier relación con esta inversión fallida por parte de la familia a la que le tocaron 34 millones de euros y ha asegurado que esta investigación y litigio contra su persona se debe a una persecución judicial contra él dentro de una campaña de desprestigio. Cuando Laporta salió de la Ciudad de la Justicia no quiso hacer ninguna declaración respecto al caso y la única reacción respecto a la querella contra él es un comunicado que hizo hace unos días en el cual aseguraba que «estas informaciones sesgadas y sin veracidad son un nuevo episodio de linchamiento mediático para atentar contra el prestigio personal, la imagen y la reputación de Joan Laporta, pero una vez más, la verdad se impondrá a la infamia». Según el comunicado, el bufete Laporta-Arbós no convenció a los querellados de utilizar este despacho para impulsar la inversión porque esta ya estaba en marcha.
La querella contra Laporta
El presidente del Barça ha sido citado a declarar en el marco de una querella por supuesta estafa de 2,4 millones de euros en el año 2014. Según relata el texto jurídico, los querellantes, J.M.L. (en ese momento desempleado), su esposa I.M. (cocinera en un restaurante) y su hija D.L. (enfermera) recibieron el premio de la lotería primitiva por valor de 34 millones de euros. La familia adquirió un vehículo de alta gama, un Lamborghini, y es donde conocieron al comercial del concesionario (en Sant Cugat del Vallès) F.O., junto con su pareja de entonces, S.S, gestora de inversiones en Bankinter -estas dos personas también están investigadas en la causa- y propusieron a la familia invertir en sociedades vinculadas a Joan Laporta. Una de estas empresas era CSSB Limited donde invirtieron por un capital de 2.400.000 euros por un período de 3 años al 6% de interés anual. El contrato de inversión, rubricado el 1 de noviembre de 2017 presentaba un defecto de forma por estar redactado en inglés y no tener una firma legible, y según los querellantes las cláusulas de este contrato iban en contra de sus intereses.
Fue en esta inversión donde estaba la presencia de Laporta, quien actuaba en nombre de CSSB Limited y ejercía de abogado de la familia para garantizar la solvencia de la inversión. En el texto, los querellantes aseguran que como Joan Laporta era un personaje público confiaron en él para llevar a cabo la inversión «aprovechándose de la falta de conocimientos financieros de los mandantes» y aseguran que todas las operaciones las hizo el intermediario S.S. para Bankinter.
Los querellantes denuncian que no han recibido la cantidad acordada. La querella se interpuso en mayo de 2023 y se archivó, y fue la Audiencia de Barcelona la que obligó a reabrir la causa.
Cruce de declaraciones de los dos abogados
Jordi Pujante, abogado del presidente del Barça, espera que el caso se archive pronto, ya que según él “es evidente que no hay delito” aunque las inversiones no salieran como la familia esperaba. Pujante ha asegurado que Laporta no conocía las inversiones de la familia y que no hay ningún documento donde aparezca la firma del presidente del Barça.
Por su parte, Joan Comes, el abogado de los querellantes ha asegurado que Laporta “ha perdido una gran oportunidad” para dar explicaciones sobre el fracaso de estas inversiones en las cuales, según él, tiene un “vínculo evidente”. Comes ha negado que la querella vaya contra Laporta como personaje público sino que es porque él era el administrador de las empresas inversoras.
