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La justicia cita al Barça como investigado en el caso Negreira

Novedades judiciales en el caso Negreira. El Fútbol Club Barcelona ha sido citado como investigado por un presunto delito de corrupción en los negocios, en la modalidad de fraude. El juzgado de instrucción número 1 de Barcelona acusa al club de pagar más de 7,2 millones de euros en casi dos décadas a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA), entre 2001 y 2018. La jueza instructora ha fijado la declaración del Barça para el próximo 27 de enero, y la vicepresidenta institucional y portavoz de la junta directiva, Elena Fort, comparecerá como representante del club.

Novedades en el caso Negreira

La justicia también cita como testigos al expresidente Joan Gaspart y al asesor arbitral Ricardo Segura, que deberán explicar los pagos efectuados durante la presidencia en el Barça del empresario hotelero, a principios de siglo. Además, el 25 de noviembre están citados Joan Laporta, por los hechos de su primera etapa como presidente, entre 2003 y 2010, y los exentrenadores azulgranas Luis Enrique y Ernesto Valverde, para aclarar si utilizaron los informes técnicos sobre árbitros elaborados por Enríquez Negreira y su hijo. Esta es una de las claves del caso, ya que el Barça nunca ha negado los pagos, pero siempre ha defendido que respondían a unos documentos para preparar partidos y no tenían la intención de influir en el CTA.

Joan Laporta, en una imagen de archivo | Europa Press
Joan Laporta, en una imagen de archivo | Europa Press

Paralelamente, el juzgado ha requerido al club azulgrana que envíe en un plazo de 20 días los contratos originales firmados con las empresas Dasnil 95 SL y Nilsad SCP, responsables del “asesoramiento arbitral remunerado” entre 2001 y 2014. También pide los vídeos, documentos o informes relacionados con estos servicios. Según fuentes del club, estos contratos no se archivaron y los pagos se realizaban mediante facturas emitidas por Negreira. La Guardia Civil, a petición del juzgado, deberá completar los informes bancarios para rastrear el destino final del dinero después de comprobar que parte de los fondos se retiraban en efectivo por personas vinculadas al exdirigente arbitral.



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