Hasta once años de prisión es lo que el Ministerio fiscal solicita para dos personas vinculadas con los Boixos Nois y una tercera persona. Todo ello por un intento de homicidio y tenencia ilícita de armas con el agravante de discriminación y odio. El caso, que será juzgado el 13 y 14 de enero en la sección segunda de la Audiencia de Barcelona, se remonta a la noche del 10 de noviembre de 2018, en Sitges. Según el relato de la fiscalía, al que ha tenido acceso Món Esport, tres neonazis, dos implicados en los Boixos, atacaron en grupo y brutalmente a un aficionado del Rayo Vallecano, que vestía una camiseta de los Bukaneros -grupo de seguidores del Rayo-, hasta dejarlo inconsciente en el suelo rodeado de un charco de sangre.
El Ministerio fiscal recuerda que Boixos Nois es un grupo «mayoritariamente integrado por individuos de extrema derecha y neonazis». En cambio, sobre los Bukaneros, considera que tiene una «ideología antagónica» a la de los Boixos. De hecho, se basan en una resolución del 7 de marzo de 2019 de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que prohibió cualquier promoción o apoyo a los Boixos Nois por esta condición ideológica y su actitud violenta. De ahí que apliquen el agravante de discriminación y odio.
Un ataque brutal
Según el fiscal de odio y discriminación, los tres acusados actuaron conjuntamente, «guiados por la animadversión a la ideología antagónica que atribuyeron a la víctima, con ánimo de privarle de la vida o con la posibilidad de que la perdiera y sin ningún tipo de discusión previa, lo tiraron al suelo de una patada». Una vez en el suelo, le propinaron «sucesivas patadas y puñetazos por todo el cuerpo y toda la cara». Uno de los acusados sacó una defensa rígida extensible de 54 centímetros de largo, y le golpeó en la cabeza tres veces, mientras que los otros dos continuaban golpeando a la víctima, a quien le rompieron la cara y el fémur de la pierna izquierda, lesiones por las que permaneció ingresado en el hospital durante 12 días y estuvo 121 días de baja. De hecho, le han quedado secuelas importantes.
Por todos estos hechos, y la tenencia de una defensa extensible que solo puede ser utilizada por funcionarios especializados, el fiscal considera que han cometido un delito de homicidio en grado de tentativa del artículo 138.1 del Código Penal, por lo que reclama 9 años de prisión; y un delito de tenencia ilícita de armas del artículo 563 del Código Penal, a raíz de la defensa extensible, por lo que añade 2 años. Todo ello con el agravante de haber cometido el delito por motivos discriminatorios por la ideología de la víctima. Por otra parte, también propone la prohibición de acercarse a menos de un kilómetro de la víctima y cinco años de libertad vigilada durante 5 años, después de cumplir la pena. Fiscalía también exige el pago de 8.624,54 euros por las lesiones; 27.604,41 euros por las secuelas y 12.000 euros por daños morales.
