La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias de investigación preprocesal por los cánticos catalanófobos que se escucharon en el Riyadh Air Metropolitano durante el partido entre el Atlético de Madrid y el Vila-real del 23 de agosto. El organismo ha iniciado el procedimiento a raíz de la denuncia presentada por la asociación Acció Cassandra, que puso los hechos en conocimiento de la Sección de Delitos de Odio y Discriminación. Según ha comunicado la entidad denunciante, la Fiscalía ha confirmado la incoación de las diligencias en una resolución con fecha del 7 de octubre, que la asociación ha recibido este miércoles. La denuncia había llegado a la sección correspondiente el 4 de septiembre.
Los cánticos investigados son los de «puta Barça y puta Cataluña«, que algunos aficionados profirieron coincidiendo con la entrada de Julián Álvarez al terreno de juego durante el partido. Acció Cassandra considera que las expresiones constituyen una manifestación de catalanofobia y ha pedido que se investigue su alcance penal.
Se estudiará si los hechos pueden constituir un delito de odio
La diligencia de la Fiscalía señala que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, previsto en el artículo 510 del Código Penal. Por este motivo, se han abierto formalmente diligencias para estudiar el caso y determinar qué actuaciones corresponden. La incoación de la investigación no implica, sin embargo, que se haya concluido que los cánticos constituyen un delito. Se trata de una fase inicial en la que la Fiscalía examinará los hechos denunciados y, una vez finalizada, comunicará el resultado a la asociación denunciante. Acció Cassandra ha valorado la apertura de las diligencias como un primer paso jurídico relevante, ya que la denuncia no ha sido archivada de entrada y los hechos serán objeto de análisis por parte de la Sección de Delitos de Odio y Discriminación.
La denuncia de Acció Cassandra
La denuncia fue presentada por los abogados Lluís Gibert y Josep Rosell, en representación de Acció Cassandra, una asociación que promueve acciones jurídicas y sociales en defensa de los derechos lingüísticos, culturales y colectivos de la minoría nacional catalana. La entidad ha situado el caso en el marco de la lucha contra las expresiones de discriminación por motivos de identidad nacional. Ahora, la investigación de la Fiscalía deberá determinar si los hechos denunciados pueden tener relevancia penal.
