El Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha decretado la apertura de juicio oral contra cuatro futbolistas, entre ellos Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, por su presunta implicación en un caso de grabación y difusión no autorizada de vídeos de contenido sexual. Los hechos tuvieron lugar en un espacio privado de un club de playa al sur de la isla y afectan a dos jóvenes, una de ellas menor de edad, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La resolución, con fecha 2 de septiembre de 2025, establece que la apertura de juicio no es recurrible, excepto si afectara la situación personal de los acusados, una circunstancia que no se da, ya que ninguno de ellos se encuentra actualmente en prisión preventiva.
La decisión judicial conlleva también la imposición de fianzas económicas a los investigados. Tres exjugadores de la cantera blanca —Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García— deberán depositar 20.000 euros cada uno, mientras que a Asencio se le ha fijado una fianza de 15.000 euros. En caso de no efectuarse el pago dentro del plazo de 24 horas, el juzgado ejecutará el embargo de sus bienes. La diferencia principal entre los acusados es el papel que habrían tenido en los hechos: a los tres primeros se les atribuye tanto la grabación de las imágenes como su difusión, mientras que a Asencio se le responsabiliza exclusivamente de la propagación del material.
Delitos de pornografía infantil y contra la intimidad
Según el auto, la Fiscalía acusa a los tres primeros implicados de delitos de distribución de pornografía infantil y contra la intimidad, mientras que a Asencio se le imputan dos delitos contra la intimidad. Las dos víctimas han decidido personarse en la causa como acusación particular, aunque solo una de ellas dirigirá la acción judicial contra el jugador madridista. El inicio del juicio oral supone un paso relevante en un procedimiento que ha tenido gran resonancia pública y que abre la puerta a una vista oral en la cual se determinará la responsabilidad penal de los acusados.
