Duro escrito de la Fiscalía Provincial de Madrid contra el entrenador del Real Madrid. El Ministerio Público ha pedido una pena de cuatro años y nueve meses de cárcel para Carlo Ancelotti a raíz de la acusación de fraude al erario público por un importe de 1.062.079 de euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros), en la que fue su primera etapa en el banquillo merengue.
Según el denso escrito de acusación, el Ministerio Público le imputa dos delitos contra la Hacienda Pública. La base de la acusación es que el técnico declaró su condición de residente en el Estado español a efectos fiscales y fijó su residencia en Madrid. Ahora bien, solo declaró a la Hacienda española los salarios del Real Madrid, pero omitió el rendimiento de los derechos de imagen gestionados por otras entidades y sociedades.
El alquiler del piso, la clave de la acusación a Ancelotti
El escrito de acusación sostiene que Ancelotti firmó el 4 de julio de 2013 un contrato de trabajo como entrenador del Real Madrid para el periodo comprendido entre el 5 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2016 «especificándose en su remuneración para este periodo, además de un rendimiento de trabajo, unos rendimientos derivados de la cesión de los derechos de imagen al club». Además, precisa que desde el mes de julio de 2013, el acusado pasó a trabajar y residir en España, con domicilio fiscal en Madrid.
Sin embargo, cuando el técnico cesó de forma «anticipada» su relación con el Real Madrid el 25 de mayo de 2015, tuvo la vivienda alquilada hasta octubre de aquel año. La conclusión de los técnicos de Hacienda es que durante 2015 «España fue su centro principal de relaciones personales e intereses económicos». En este marco, el técnico solo declaró los salarios y los anticipos del Madrid como empresa que lo tenía contratado, pero aprovechó lo que la Fiscalía tilda de «complejo y confuso entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para canalizar el cobro de los derechos de imagen» fuera del fisco español.
En definitiva, el entrenador «simuló» la cesión de sus derechos de imagen a entidades «faltas de actividad real» y de capacidad de explotación que estaban domiciliadas fuera de España. Un sistema que «perseguía la opacidad de cara a la Hacienda Pública española y el ocultamiento del beneficiario real de los rendimientos». Este sistema permitía, según el Ministerio Público, «que ni él mismo ni ninguna de las sociedades mencionadas tuvieran que tributar por las copiosas cantidades percibidas en España o fuera de nuestro país».
