La Fiscalía del Tribunal Supremo ha cumplido su compromiso. Finalmente, ha presentado recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que absolvió al exjugador del Fútbol Club Barcelona Dani Alves. En un extenso recurso, de 63 páginas y al cual ha tenido acceso Món Esport, el fiscal de sala penal, Fidel Cadena, pide anular la absolución y devolver la causa a la sentencia dictada por la Audiencia de Barcelona, que lo condenaba a cuatro años y medio de prisión por violación. O, en todo caso, reclama que las actuaciones vuelvan al TSJC y con magistrados diferentes, porque «entienden que los que dictaron la sentencia de apelación han perdido, por su análisis global de la prueba, la imparcialidad objetiva».
Recurso de 63 páginas por vulneración de derechos fundamentales
En definitiva, el Ministerio Fiscal evalúa las dos sentencias para reprochar al TSJC la absolución dictada en un caso de agresión sexual. Al ser un recurso de casación, se incluye lo que es fundamental en este tipo de tramitación procesal, es decir, la infracción de un precepto constitucional. En este sentido, el fiscal considera que se ha vulnerado, por parte del tribunal de apelación, el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 24.1 de la Constitución, en relación con el principio de interdicción de la arbitrariedad y el derecho a una resolución judicial debidamente fundamentada, tal como prescribe el artículo 120.3 de la misma Constitución.
En esta línea, la acusación pública interpreta que se ha llevado a cabo, por parte de los magistrados, una valoración no racional de la prueba practicada en el acto del juicio oral y que no se ha valorado la totalidad, por lo que se entiende que el tribunal ha incurrido en «la arbitrariedad que está expresamente prohibida en nuestra Carta Magna». Con este argumento principal, reclaman anular la absolución dictada y retornar a la pena que recayó en primera instancia. El caso Alves levantó una fuerte polvareda mediática y social, que, tras su absolución, aún incrementó el debate público sobre las resoluciones judiciales que afectan a la violencia sexual.
