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Rechazados los recursos contra la libertad de Alves

Sin sorpresas. La sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha desestimado los recursos presentados contra la resolución que acordaba la libertad bajo fianza de Daniel Alves, a cambio de una fianza de diez millones de euros. De este modo, el exfutbolista azulgrana no tendrá que reingresar en la prisión donde casi ha sido catorce meses ingresado. Los magistrados consideran que «la finalidad de la prisión provisional no puede, a ningún caso, la de avanzar los efectos de una hipotética pena que le pudiera ser impuesta porque con cuyo objeto la privación de libertad excedería de los límites constitucionales».

La interlocutoria reconoce «el derecho de toda persona a la libertad, de forma que nadie podrá ser privado, sino en los supuestos establecidos en este precepto y en los casos y formas previstas por la ley». En el mismo sentido, el tribunal considera que no hay riesgo de fuga y que no ningún indicio que haga pensar que Alves abandone el Estado español. «Todas las circunstancias ya han sido objeto de análisis a la resolución impugnada, como también sus vínculos familiares, sin que se haya introducido ningún elemento nuevo que lleve a su reconsideración», añaden.

Parte dispositiva de la resolución que confirma la prisión provisional de Dani Alves/QS
Parte dispositiva de la resolución que confirma la prisión provisional de Dani Alves/QS

«Sin requisitos para volver a la prisión»

En su resolución, el tribunal descarta las razones esgrimidas por la acusación particular para mantener la prisión. En este marco, resalta que las alegaciones sobre la cuantificación de la fianza se fundan en «meras suposiciones». Es decir, el hecho que Alves tenga una vivienda valorada en cinco millones de euros y su sueldo como jugador del equipo mexicano Pumas. Unos extremos que la nota del registro de la propiedad clarifica que todavía debe la hipoteca hasta el año 2035 y que Pumas rescindió su contrato, así como sus contratos publicitarios. «En consecuencia,
la fianza finalmente impuesta y fijada prudencialmente a la suma de 1 millón de euros, responde a la estricta aplicación de la legalidad vigente y los mensajes que dicen, por parte de la acusación particular, relativos a la posibilidad que los condenados por violación pueden salir en libertad pagando, responden en declaraciones públicas de intervinientes en el proceso de que somos absolutamente ajenos y que solo contribuyen a generar confusión social”.



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