El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, encargado del caso Negreira y que ahora ha imputado al Barça un delito de soborno, es un veterano de la judicatura por el que han pasado instrucciones de primer nivel mediático. Del caso Gran Tibidabo a la macrocausa Estela y su derivada Volhov, al caso de la chica que perdió un ojo por un proyectil de foam de los Mossos d’Esquadra en una manifestación por la detención de Pablo Hasél. Estos son algunos de los sumarios que han pasado por sus manos. Ahora bien, hubo uno, el caso Macedonia, de presunta corrupción policial con confidentes de la policía, que después de casi trece años acabó con los policías -Mossos, guardias civiles y agentes del CNP- y los supuestos confidentes, exonerados. Y los narcotraficantes condenados, pero con penas pactadas con la fiscalía que les ahorraban la prisión.
Precisamente, el caso Macedonia abrió informativos por una de las decisiones judiciales más políticas que se han llevado a cabo en los últimos años en Cataluña. En concreto, la entrada y registro, el 16 de julio del 2012, en la sede central de los Mossos d’Esquadra, el complejo policial Egara, para llevarse las grabaciones de las llamadas de la poderosa División de Investigación Criminal, en aquellos tiempos dirigida por el entonces intendente Josep Lluís Trapero. La orden judicial sorprendió propios y extraños, pero, una conversación entre el comisario de inteligencia jubilado José Manuel Villarejo y el coordinador de la policía patriótica y número dos del Cuerpo Nacional de Policía, el comisario en jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, tendría la clave.
«Se le tiene que cuidar»
De hecho, se trata de una conversación de octubre de 2013. En una cafetería de un céntrico hotel de Madrid, los dos policías hacen balance del trabajo hecho y Martín Blas pide a Villarejo parar una actuación contra CiU. Toman café con leche y la conversación evoluciona sobre operaciones encubiertas que han llevado los dos a término. El juez Aguirre aparece en la conversación al cabo de media hora. Martín Blas asegura que el juez está como uno «
La explicación es alrededor de uno de los miembros del equipo operativo de la policía patriótica, el exinspector del Cuerpo Nacional de Policía Antonio Giménez Raso, alias
Martín Blas relata que los dos Giménez Raso, Carlos y Antonio, están «incordiados» con él por el caso Rabat, una derivada del caso Macedonia, sobre unos relojes de lujo que presuntamente habían servido para pagar a policías. El comisario de Asuntos Internos recuerda la historia y el juez Aguirre, que después de calificarlo de loco dice que está «empecinado en cosas que son imposibles», como por ejemplo el registro de la sede de los Mossos. Martín Blas admite que le dijo que «colaboraría» y que haría lo que pudiera con el juez, pero «lo que no puede ser, no puede ser y es imposible». Villarejo añade que «hay que decirle que sí para joder a los Mossos«. «Si les registramos todo el sistema de los Mossos, ¡que más quieres!», subraya Martín Blas recordando lo que le dijo al juez Aguirre. Es en este punto que Villarejo insiste condescendiente a Martín Blas que el juez Aguirre «nos interesa».
