La Liga Iberdrola de rugby femenino comenzará esta temporada marcada por un conflicto judicial que afecta directamente al BUC Barcelona. El juzgado ha decidido mantener las medidas cautelares que había concedido al club catalán, tras desestimar los escritos de oposición presentados por la Real Federación Española de Rugby (RFER) y el Olímpico de Pozuelo. La decisión obliga a la RFER a inscribir provisionalmente a ambos equipos, BUC y Pozuelo, en la máxima categoría estatal. De esta manera, la competición pasará a tener nueve participantes en lugar de los ocho previstos inicialmente, mientras no se resuelva definitivamente la disputa. La RFER ha anunciado que debe adaptar el calendario de la Liga Iberdrola y también el de la División de Honor B femenina para ajustar este nuevo escenario.
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— BUC Rugby (@buc1929) 8 de octubre de 2026
¿Por qué han acabado en los tribunales?
El origen del conflicto se remonta a la plaza que quedó vacante tras la sanción deportiva al AVR FC Barcelona, que no pudo competir en la máxima categoría a pesar de haber conseguido el ascenso. La vacante debía permitir la entrada de otro equipo, pero el procedimiento para adjudicarla terminó enfrentando al BUC y al Olímpico de Pozuelo. Según la cronología que ha hecho pública el club barcelonés, la Federación le comunicó el 30 de julio que le concedía la plaza y la entidad formalizó la inscripción. Seis días después, sin embargo, la RFER dejó sin efecto esa decisión a raíz de una reclamación del Pozuelo y planteó una eliminatoria entre los dos equipos para decidir quién competiría en la Liga Iberdrola.
La Federación fijó el partido para el 26 de septiembre en Zaragoza. El BUC se opuso y acudió a la justicia ordinaria, que suspendió cautelarmente la eliminatoria antes de que se disputara. La decisión no resolvía definitivamente quién debía ocupar la plaza, pero impedía ejecutar provisionalmente el partido de promoción mientras continuaba el procedimiento judicial.
El BUC denuncia que no puede preparar bien la temporada
El presidente del club, Ramon Salinas, ha explicado a Catalunya Ràdio que la situación dificulta la planificación deportiva. «Creemos que en el BUC tenemos la razón, pero así no se puede preparar bien la temporada», ha afirmado en el programa Tot costa. El BUC sostiene que la plaza le había sido concedida formalmente y considera que la decisión posterior de la RFER alteró un procedimiento que ya daba por cerrado. El organismo federativo, por su parte, había defendido la celebración de la eliminatoria para resolver la vacante y proteger el funcionamiento de las competiciones.
La resolución conocida este pasado jueves mantiene, de momento, la situación provisional favorable al club barcelonés. Esto no significa, sin embargo, que el conflicto esté resuelto: aún queda pendiente una decisión definitiva sobre el fondo de la disputa. Además, según ha comunicado la RFER, la situación está vinculada al expediente sancionador del AVR FC Barcelona, pendiente de resolución por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD por sus siglas en español). Mientras tanto, la Federación debe reorganizar los calendarios para que los dos equipos puedan quedar inscritos provisionalmente en la máxima categoría.
